martes, 11 de octubre de 2011

ENSAYO DE EL PETROLEO EN VENEZUELA


EL PETROLEO EN VENEZUELA.
        El Petróleo en Venezuela comienza a jugar un papel muy importante a finales del siglo XIX; sin embargo como un conjunto de acontecimientos Político-Económicos destaca a partir de 1908. A pesar de que el Petróleo era ya conocido por los Indígenas, su explotación se inicia en el año 1878 con la formación de compañía Petrolera del Táchira, la cual construyó una pequeña refinería con cupo para quince barriles al día.
        A partir de 1914 comienza el auge del petróleo, es decir, inicia su explotación en gran escala con el Gobierno Dictatorial del General Juan Vicente Gómez y es a partir de este Gobierno y hasta la actualidad que se consolidad este producto como dinamizador de la economía en Venezuela.
        Por otra parte, es importante destacar que en la segunda década del siglo XX que el petróleo forma parte fundamental de la economía venezolana, los ingresos provenientes del petrolero desplazan del primer lugar a los ingresos provenientes del Café, el Cacao, la Agricultura y la Ganadería y en la actualidad se puede definir Venezuela como un país monoproductor a raíz de las políticas impuesta por nuestros gobernantes.
        En ese orden y aun cuando a finales del siglo XIX, el Gobierno Venezolano otorgó algunas concesiones petroleras en forma ocasional, es a partir del año 1907, cuando comienza los consorcios petroleros internacionales sus actividades en Venezuela.
        Es en las primeras décadas del siglo XX cuando se expande las compañías petroleras a nivel mundial, coincidiendo con el auge de las economías capitalistas de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Mientras que la primera concesión para explotar asfalto fue concedida pocos meses después de promulgado el primer Código de Minas en el año 1854, es once años después, en el año 1865, cuando se otorgó la Primera Concesión Petrolera de Venezuela, la cual caducó antes de cumplir un año. Luego de constituirse la primera compañía comercial venezolana de petróleo con el nombre de Petrolia del Táchira en el año 1878, se dan algunas concesiones petroleras en forma ocasional hasta finales del siglo XIX.
        Mientras tanto en Estados Unidos y en Europa se desarrollaban dos gigantescos monopolios petroleros con los nombres de Standard Oíl Company y Royal Dutch Oíl Company, respectivamente, de donde surgieron un conjunto de filiales que penetraron en las principales zonas petroleras del mundo, entre las que Venezuela ocupaba un lugar privilegiado. En ese sentido, esos dos grandes consorcios petroleros internacionales comenzaron sus actividades en territorio venezolano en forma intensiva, a partir del año 1907, compitiendo agresivamente por lograr las mejores concesiones, en el marco de la nueva Ley de Minas.
Según este instrumento jurídico aprobado por Cipriano Castro en agosto de 1905, las Compañías Petroleras recibían las concesiones por cincuenta años con el compromiso de comenzar a explotarlas dentro de los cuatro años siguientes al otorgamiento del titulo. Las empresas por su parte, debían pagar al Estado un impuesto anual de sesenta centavos de dólar por hectárea dada en concesión, mas una regalía de un dólar con veinte centavos por tonelada explotada. Las primeras concesiones de acuerdo a este régimen fueron cedidas a venezolanos que luego las traspasaban a los consorcios petroleros internacionales, aunque el otorgamiento de concesiones fue temporalmente suspendido debido a los conflictos del Gobierno de Cipriano Castro con las Potencias Europeas y con Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de Juan Vicente Gómez al poder en 1908, se reinicio en forma acelerada la entrega de concesiones sobre el subsuelo venezolano a los Monopolios Petroleros Internacionales.

        El Gobierno de Juan Vicente Gómez (1908 – 1935), favoreció ampliamente a las inversiones extranjero en el país, concentrándose la mayoría de ellas en el sector petrolero que comenzaban a desarrollarse. En ese sentido, durante el régimen gomecista se definió un marco legal por medio del cual se entrega gran parte del territorio nacional en concesiones, de acuerdo a los intereses de los consorcios petroleros internacionales. Las inversiones extranjeras en el país que se habían iniciado en la época de Guzmán Blanco, y que tuvieron tropiezos durante el Gobierno de Cipriano castro, resultaron generosamente favorecidas por el régimen Gomecista.
        En efecto, desde la llegada de Gómez al poder, una de sus principales preocupaciones fue la de restablecer el crédito Internacional paralizado en tiempos de su predecesor, para lo cual volvió a otorgarle a la compañía americana New York and Bermúdez, la concesión por cincuenta años de la explotación de asfalto que había suspendido Castro. Además de lograr regenerar la confianza del mundo exterior en Venezuela, y de restablecer las relaciones diplomáticas rotas por Castro, la actitud benevolente de Gómez hacia las inversiones extranjeras perseguía aumentar los Ingresos Fiscales para hacerle frente a las obligaciones internas y externas por los gobiernos anteriores.
        Esta inclinación favorable de Gómez hacia el capital internacional coincidió con el surgimiento de Estados Unidos como paisaje de los sistemas capitalista occidental, sobre todo en los años veinte, después de la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo, la industrialización alcanzada por Estados Unidos provocó una acumulación de capital excedentario, el cual se canalizó hacia los países atrasados productores de materias primas, que como Venezuela, les permita monopolizar la explotación de esos recursos básicos para la continuación de su acelerado desarrollo económico.
        Fue en esta forma como el capital norteamericano, conjuntamente con el europeo en menor medida, penetró en Venezuela, llegando a convertirse en uno de los países latinoamericanos que captó mayores inversiones extranjeros durante esa época. Aparte de las ventajosas condiciones económicas en las que operaba el Capital Internacional en Venezuela, el régimen gomecista les garantizaba un ambiente de paz logrado por la represión, llegando a otorgarse durante ese periodo concesiones petroleras en gran parte del territorio nacional.
        Se puede apreciar una actitud complaciente y en ocasiones extremadamente sumisa del Estado venezolano frente a las transnacionales, ajustada a los intereses del orden del capital internacional; ya se conoce en la historia del país que durante el gobierno de Cipriano Castro, el capital internacional financiaba los movimientos insurrectos.
        A la muerte de Gómez  asume el poder quien fue su Ministro de Guerra, el General Eleazar López Contreras (1936 – 1941), comenzando este gobierno tuvo lugar una huelga Petrolera que se el 11 de diciembre de 1936 la cual duró cuarenta y tres días, hasta el 22 de enero de 1937, donde se puso fin. Lo conseguido por los huelguistas de los campos petroleros del Zulia y Falcón fue muy poco en relación con lo solicitado, sin embargo, este enfrentamiento de los obreros de la industria petrolera con las compañías concesionarias extranjeras sentó un precedente en la historia laboral del país.
Los obreros petroleros del Zulia que eran los más numerosos, vivían en condiciones infrahumanas y recibían un trato discriminatorio por parte de los capataces extranjeros. Ante tal situación, los sindicatos de la zona decidieron presentar a la Inspectoría del Trabajo sendos pliegos conflictivos en los que solicitaban entre otras cosas, la fijación del Salario Mínimo, aumentos de sueldo, descanso semanal remunerado, mejoras de las viviendas, prestación de servicios médicos y eliminación de las cercas alambradas que rodeaban las zonas residenciales de los obreros.
Ante el desconocimiento de las compañías petroleras de estas justas peticiones, se fueran parando los trabajadores de Falcón y del Zulia, hasta que toda la producción petrolera del occidente del país estuvo completamente paralizada. La organización que mostraron los líderes sindicales les permitió resistir varios intentos de la compañía petrolera por romper el paro. La reanudación de las actividades laborales dentro de la industria se inician por vía del decreto presidencial, incrementándose un bolívar diario para los trabajadores que devengaran siete, ocho y nueve bolívares, así como un bolívar adicional sobre este aumento para los trabajadores que no ocuparan habitaciones de las empresas en conflicto.
Se aprecia durante la gestión del General Contreras, un cambio de manera muy pírrica, que se reflejo solo en el área salarial, como ya lo señalamos con anterioridad las restantes peticiones que mejorarían de manera sustancial el nivel de vida del trabajador  para el momento no fueron tomadas en consideración por el capital foráneo.
Más adelante en la presidencia del general Isaías Medina Angarita 1941-1945, en la que Venezuela estuvo económicamente casi en quiebra. A causa de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela tuvo que enfrentarse a una difícil y repentina tormenta de naturaleza económica; el año 1941 fue de muy buen prospecto para el país, pues el petróleo le dio la inimaginable suma de 228 millones de barriles de petróleo.
Esta situación trajo como inmediata consecuencia que con motivo al ataque de Pearl Harbor, importante bastión norteamericano que se alimentaba con petróleo venezolano, los submarinos alemanes, aliados con los japoneses, en la noche del 14 de febrero de 1942 torpedearon siete buques petroleros que transportaban nuestro crudo a las refinerías de Curazao y Aruba. Esto obliga rebajar nuestra producción a 148 millones de barriles, lo que vino obligadamente a reducir los ingresos con que el gobierno respaldo su política de obras en beneficio de la comunidad. Una medida importante fue la revisión de la política petrolera. A causa de la baja de producción, el gobierno pidió una revisión básica de la legislación petrolera.
Después de muchos estudios y discusiones. Medina convoco al congreso a sesiones extraordinarias: así, el 13 de marzo de 1943 Venezuela tuvo una nueva Ley Petrolera cuyos aspectos más destacados fueron; por un lado, la unificación de todas las medidas adoptadas sobre petróleo en los gobiernos anteriores.
        Esto dio aliciente para que el Gobierno entregara en nuevas concesiones, trece millones de acres. Naturalmente que esta situación, abiertamente favorable a la industria, aumenta la producción, que se fijo en los 300 millones de barriles anuales sobre la marca establecida. Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Hidrocarburos de 1943, las concesiones petroleras otorgadas estaban sometidas a distintas leyes, y el control que ejercía el estado en las actividades de las empresas, así como los beneficios que obtenían era insuficiente. En ese sentido, la nueva ley de hidrocarburos represento un conjunto de ventajas para el país desde el punto de vista jurídico y económico, a partir de su promulgación en marzo de 1943.
La actuación del presidente Medina en torno al tema petrolero es muy destacada y resalta su postura nacionalista e interés porque Venezuela gozara de mayores beneficios de la producción petrolera.
Posteriormente la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt rigió los destinos del país desde el 18 de octubre de 1945, hasta el 15 de febrero de 1948, fecha esta ultima en la que asumió la Presidencia de la República el novelista Rómulo Gallegos, electo por voto universal, directo y secreto. Entre los logros de la Junta Revolucionaria de Gobierno en ese agitado periodo de la Historia de Venezuela, se destaca la reforma petrolera de 1945, la creación de la Corporación Venezolana de Fomento y el Estatuto Electoral de 1946, así como la promulgación de la Constitución Nacional de 1947. Una de las mas importantes medidas tomadas por la Junta Revolucionaria de Gobierno fue la establecida por el Decreto N.-112 del 31 de diciembre de 1945, por medio del cual se modificaban los porcentajes a pagar por concepto de Impuesto Sobre La Renta. En esta forma se lograba una mas adecuada participación del fisco en los beneficios generados por la industria petrolera hasta alcanzar el cincuenta por ciento de los mismos, por lo que se denomino al resultado de esa política, el régimen del 50-50 (Fifty-fifty) en materia petrolera.
        En este período se creó  la comisión preparatoria para estudiar y planificar las posibilidades de explotación petrolera, por parte de una Empresa Nacional, la que además estudiaría la iniciación de la industria de refinación del crudo y se Logró en esta administración con una bien planificada política petrolera, una duplicación de las entradas al fisco, por conceptos de renta petrolera.
Durante el Gobierno de Marcos Jiménez los ingresos fiscales se duplicaron al pasar de Bs.: 2.534 millones en 1953, a Bs. 5.405 millones en 1957, por el hecho de haber aumentado en mas del doble los ingresos procedentes de la industria petrolera, llegando a representar los mismos el 71% de los ingresos fiscales en 1957. De estos cuantiosos recursos que el país recibió en esa época, más de la mitad fueron destinadas a los gastos de seguridad y defensa del régimen dictatorial, y a la construcción de obras públicas.
        En la Dictadura Pérez Jimenista la economía mecanizo las actividades agrícolas provocándose, un crecimiento favorablemente de las actividades agrícolas e industriales, al mismo tiempo que se expandido el mercado interno. Esto ultimo se logro principalmente por el considerable aumento de las inversiones publicas y privadas, aunque desde el punto de vista social los resultados obtenidos no fueron halagadores, sobre todo por el incremento de la migración del campo a las ciudades que la Motivada por un aumento de la demanda mundial del hidrocarburos, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la producción petrolera de Venezuela se duplico entre los años 1945 y 1951.
Por su parte, la cantidad de barriles de petróleo extraídos durante el Gobierno de Pérez Jiménez, siguió la tendencia alcista, al pasar de 1,8 millones de barriles diarios en 1957. Esto se tradujo en un aumento considerable de las exportaciones, así como en un sustancial incremento de los ingresos fiscales, los cuales se canalizaron de nuevo a la economía a través del gasto público. Durante el régimen Pérez Jimenista, específicamente en los años 1956 y 1957, se otorgaron nuevas concesiones a las compañías petroleras internacionales, de acuerdo a la ley de Hidrocarburos de 1943.
Según este instrumento legal las empresas que recibían concesiones tenían derecho a explotar durante cuarenta años los recursos de hidrocarburos que se encontraron en el área asignada, pagándole al Estado unos impuestos especiales, aparte del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtuvieron la empresa concesionaria.
A los efectos de dar a conocer la forma como se otorgarían las nuevas concesiones petroleras, el Ministro de Minas e Hidrocarburos Edmundo Luongo Cabello convoco una reunión del Consejos Superior de la Producción, en la que participaron representantes de los diversos sectores económicos y de la prensa. Comenzó su exposición el Ministro Luongo Cabello, señalando en esa reunión realizada el 11 de enero de 1956, las razones técnicas y económicas que sustentaban la decisión del Ejecutivo Nacional en cuanto al otorgamiento de nuevas concesiones. En ese sentido destaco que a través de esta política se podría mantener a la industria petrolera nacional en la jerarquía mundial que tenia para ese momento, al mismo tiempo que se aumentarían las reservas probadas de hidrocarburos por las nuevas exploraciones que hicieran las compañías concesionarias, ya que al ritmo de producción de la época las reservas petroleras del país duraban menos de catorce años.
Por otra parte, el Ministro Loungo evalúo la participación que había tenido el Estado en los beneficios originados por la explotación de hidrocarburos durante el lapso 1943-1954, indicando que se habían recibido Bs. 12.300 millones, mientras que la utilidad neta de la industria en ese lapso había ascendido a Bs. 9.700 millones, lo que representaban un 56% para el gobierno y un 44% para las compañías petroleras, superando la relación 50-50 que había estipulado la reforma petrolera de la Junta Revolucionaria de Gobierno en diciembre de 1945. Una vez decidido el otorgamiento de nuevas concesiones, las empresas petroleras recibieron en el lapso 1956-1957 un total de 821.091 hectáreas para ser exploradas y explotadas, resultando las del Lago de Maracaibo las mas productivas.
Por su parte, el gobierno de Pérez Jiménez percibió en esos mismos años por concepto de impuesto de exploración, e inicial de explotación un monto de Bs. 3.116 millones, pagados por las empresas Creole, Shell y Mene Grande, así como por diez compañías petroleras internacionales adicionales.

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